En este país, que es distinto a todos, para lo bueno y lo malo, y hasta para lo peor, seguimos sin tener remedio. Continuamos profanando nuestra propia identidad, los usos y tradiciones centenarias, para sustituirlas por otras formas de vida, ritos de otras naciones, con menos vida e historia que la madre de Bambi, que nos imponen costumbres de hace tres días  mientras las propias quedan en la reserva de la memoria de unos pocos, cuando no las desplazamos al baúl donde se guarda el olvido. Nos vendieron la presunción de modernidad, un hito que nos acercaba a los niveles culturales, sociales y económicos –con este último símil me acaba de dar un ataque de risa que desembocará, con toda seguridad, en un tropel de tristezas cuando repose la cordura- de países desarrollados que llevan muchos siglos invirtiendo en preparación, en la  formación de sus ciudadanos y en la creación de instituciones que aseguran, a sus sufridos pero satisfechos contribuyentes, un estado de bienestar asentado donde los jubilados, por poner un ejemplo, pueden disfrutar del merecido tiempo de reposo, tras sus periplos laborales. Países donde la educación es un derecho inalienable y la justicia un escudo que preserva a los ciudadanos de las conductas criminales y delictivas, sean del color que sean. Se aplica la ley con el rigor y la severidad que lleve aparejado la comisión de la infracción.

Los regímenes democráticos se hacen fuertes y se afianzan observando el justo equilibrio entre la aplicación de sus leyes porque ello otorga seguridad a los ciudadanos que adecuan sus conductas, no a la imposición por la violencia y el fanatismo de políticos megalómanos y dictatoriales, al respeto de sus semejantes, máxime cuando se comprueba que quien la hace la paga, en la medida justa, pero la paga. Cuando un tribunal firma y comunica una sentencia, el reo, que ha sido informado de sus derechos y sus obligaciones, sabe que cumplirá la sanción impuesta en justa correspondencia del delito cometido.

El cumplimiento integro de las condenas es un hito desconocido en la legislación española. Nadie cumple la pena impuesta. Por muy grave que sea la acción cometida, por muy reiterados que sean los delitos, los delincuentes, aleccionados por sus abogados, conocen perfectamente las grietas que difícilmente sostienen el edificio de la ley en España y montan sus estrategias para esquivar las celdas en la que debieran permanecer, que no sé cómo se puede detener a un tío treinta veces, por hurtos y robos con violencia, cometidos en los dos últimos años. Como tampoco puedo entender que un listo se quede con miles de millones, de las antiguas pesetas, y no se le aplique lo que dictamina el código penal, sino todo lo contrario, se le rodee de parabienes, se convierta en tertuliano de un programa de televisión, donde además se le permite sentenciar sobre la moral y buena conducta de otros.

En este país nos levantamos, ponemos la radio o leemos el periódico y dan ganas de volver a acostarse, porque convertimos en razón de estado la petición de un peligrosísimo criminal confeso, un individuo que tiene a sus espaldas el asesinato de tres guardias civiles y el prurito de haber sido el sanguinario y cruel carcelero de Ortega Lara, al que había decidido dejar morir de hambre, acciones de las que no muestra el menor arrepentimiento ni mantiene dilemas de conciencia, para ser excarcelado por padecer un enfermedad en fase terminal, hecho que los dictámenes médico forenses no lo dejan del todo claro. ¿No hay en esas magnificas residencias, que les hemos construido, algunas prisiones cuentan con piscinas climatizadas y gimnasios de lujo, una zona hospitalaria donde atenderle, donde suministrarle los fármacos que necesite, dónde administrarle la caridad que él no sostuvo para con otros inocentes? ¿A cambio de qué estos favores? ¿Tenemos que soportar esta desigualdad social que favorece a criminales mientras las buenas personas pierden sus trabajos, sus viviendas y hasta la serenidad espiritual porque la angustia les corroe al no poder dar de comer a sus hijos?

No sería el primer caso, y a las pruebas me remito –no hay más que nombrar en google algunos de sus pistoleros camaradas-, que tras la suelta por razones humanitarias, de las que ellos deben ser custodios para aplicarlas según les convengan y que al resto de la humanidad les son coartadas, que podríamos comprobar cómo se “reponen milagrosamente” de sus afecciones y enfermedades terminales, mientras las víctimas duermen el sueño de los justos y sus familiares no pueden conciliar el sueño porque padecen trastornos, mientras el asesino que les quito la felicidad de un traicionero tiro en la nuca o destrozaron sus cuerpos con una bomba lapa, puede gozar de la libertad que a los otros les cercenan sus lápidas, de los bienes que les pagamos entre todos, caminar por los senderos que le son prohibidos a sus víctimas y hasta podrán recibir el beso de sus familiares.

No nos exime la caridad y el amor fraterno de la obligación que tenemos de aplicar, con la contundencia que se exija en cada caso, todo el peso de la ley para quienes se obstinan en infringirla, ni nos quieran confundir, apelando a razones humanitarias, porque hay quienes se las pasan por el arco de sus vergüenzas cuando actúan contra inocentes, con falsos sentimentalismos para poner criminales en la calle. Ya estamos harto de que se pisoteen los derechos civiles que nos corresponde a los ciudadanos de bien, a los que nos exigen pagos de tributos e impuestos desorbitados. Necesitamos que alguien nos proteja no que patrocinen las estrategias de los delincuentes y nos vendan al enemigo.

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